La otra cara de los lobbies 

Enrique Fernández de Madaria

Quisiera comentar en este post determinados aspectos de la reciente experiencia que he tenido trabajando en una de las asociaciones de representación empresarial/industrial (comúnmente llamadas lobbies) asentada en Bruselas durante el último medio año. Ya que David Domínguez Nacimiento realizó en este Blog una reflexión dando alguna pincelada teórica y práctica desde una de las Instituciones (véase El «lobbying» en la UE. Una breve introducción, 30.09.2015), aprovecharé la ocasión, sobre todo, para exponer mis impresiones sobre las asociaciones de este tipo aportando otro punto de vista.

 

Como bien dice en su contribución, existen muchos tipos de lobbies: desde asociaciones centradas en la protección del medio ambiente (por ejemplo, European Environmental Bureau) hasta los lobbies poderosos de la banca (European Banking Federation), pasando por aquellas asociaciones muy especializadas y curiosas, como es el histórico caso de Europatat (European Potato Trade Association). 

 

Yo tuve la suerte de trabajar en una asociación de creación muy reciente (septiembre-octubre de 2014), denominada European Recycling Industries´ Confederation (EuRIC), teniendo como principal función la representación de los intereses de empresas privadas europeas dedicadas al reciclaje. Me permitiré insistir en que fue toda una suerte y ello por dos razones muy concretas. La primera razón se basa en el hecho de que la Comisión Europea lleva desarrollando desde hace varios meses el nuevo paquete de medidas (propuestas) legislativas para una economía circular, a través de la cual se pretende superar el modelo de producción actual de “fabricar-usar-tirar”, facilitando el uso óptimo de los recursos y de los bienes generados mediante su reintroducción en el proceso productivo, una vez hayan llegado al fin de su vida útil. Ciertamente un momento de suma importancia para el desarrollo de la economía en general y, en particular, para la industria del reciclaje. La segunda razón se fundamenta en que esta asociación, como también es el caso de otras, defiende simultáneamente el bienestar de la sociedad en general (sostenibilidad en el uso de los recursos, reducción de emisiones) y naturalmente intereses privados empresariales, siendo ambos perfectamente conjugables. Con esta última afirmación no pretendo hacer una promoción de la asociación, sino afianzar la tesis de que categorizar los lobbies meramente según su búsqueda o no de fines económicos no es de gran utilidad. 

 

Según mi experiencia, cada lobby es un mundo. Sus fines, objetivos y métodos varían claramente, no dependiendo estos últimos necesariamente de los medios que tengan a su disposición y mucho menos de su proveniencia, aceptando desde luego que puedan existir prácticas ilícitas pero subrayando, sin embargo, que en mi breve experiencia no he llegado a ser testigo de ninguna.

 

Como es obvio, una asociación de representación empresarial no se dedica sólo a informar a sus miembros sobre el desarrollo de las políticas y normas que les afectan. De hecho, gran parte de la carga de trabajo se concentra en defender las posiciones propias en todos los foros relevantes posibles e incluso recordar, en una suerte de función de control, la necesidad de aplicar estrictamente la ley (por ejemplo en el escandaloso caso de España en relación con el vertido ilegal de residuos, permitiéndose en demasiadas ocasiones que se le causen graves perjuicios a los operadores legítimos). 

 

Asimismo, es corriente que la mejor información sobre el impacto de una norma vigente o sobre las posibles consecuencias de una modificación se canalice a través de un portavoz de la industria. Me refiero sobre todo a las normas de gran detalle técnico o aquellas que establecen objetivos medioambientales exigentes, tan abundantes en el Ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Un claro ejemplo puede encontrarse en la cuestión sobre la «reciclabilidad» de algunos materiales: la integración de nuevos materiales en los coches (fibra de carbono, fibra de vidrio) dificulta enormemente su reciclaje por motivos de capacidad tecnológica, existiendo a su vez tasas vinculantes de reciclaje muy elevadas. ¿No es acaso necesaria y bienvenida la opinión de un ingeniero que conoce los desafíos a los que se enfrenta la industria sobre el terreno a diario o la de un empresario que se arriesga a sufrir los efectos de la inseguridad jurídica a la hora de realizar grandes inversiones para incrementar la cantidad y calidad de los materiales reciclados, siendo éste un fin deseable por casi absoluto consenso? En resumen, cuanto más acusado sea el carácter técnico de las decisiones a tomar, más información resultará necesaria para asegurarse de que la complejidad del asunto no da lugar a un tremendo fracaso. El problema por tanto reside en determinar qué información es más exacta y útil. Por mucho que comparta (sinceramente) la opinión de que el Parlamento deba jugar un papel más importante, no cambia ni mejorara la circunstancia de que las decisiones complejas requieren –reitero– información exacta y útil. 

 

En lo relativo al problema de la información, existen múltiples vías no muy diferentes de las que se pueden encontrar a nivel nacional y regional. En primer lugar, la Comisión recurre lógicamente a sus propias fuentes y expertos, generalmente funcionarios de, entre otros, la Dirección General de Medio Ambiente, del Centro Común de Investigación o de Eurostat. Esta vía es imprescindible para elaborar las propuestas con la calidad técnica suficiente, hacer seguimientos y realizar controles y estudios, etc. Por lo general su carga de trabajo es alta y su contratación, como es bien sabido, costosa. En consecuencia se acaba recurriendo con bastante frecuencia por falta de medios o capacidad a una segunda vía, a saber, la contratación de servicios externos de consultoría. Estos servicios son a menudo muy caros y no concluyentes (finalizando muchas veces con formulaciones vacías, tales como «serán necesarios más estudios sobre esta cuestión»), si bien es cierto que en otras ocasiones sí que logran cierta sistematicidad en el estudio de un problema y sugieren soluciones concretas. En tercer lugar, el mundo académico, las Administraciones públicas nacionales y, ¡cómo no, los lobbies!, también aportan sus propios estudios, datos y razonamientos a través de conferencias de todo tipo, reuniones bilaterales, consultas abiertas, etc., intentando que su visión sobre una temática prevalezca sobre las demás. En este contexto se dan verdaderas «batallas de estudios», como se podrían denominar, y en muchas ocasiones se genera una verdadera cacofonía (véase el caso paradigmático de los organismos genéticamente manipulados). ¿Significa esto que se debe prescindir de la participación de los lobbies? En mi opinión, no. De ser así, se podrían pasar por alto argumentos y datos contrastados muy valiosos, más cercanos a la realidad industrial o a la situación ecológica (que no se nos olvide, Greenpeace también tiene un lobby legítimamente registrado en Bruselas y aporta estudios de gran interés). 

 

Que el desarrollo de una propuesta de norma sea mejor o peor dependerá finalmente de la inteligencia y sensatez de quien tome la decisión, no nos engañemos, ya se trate de un funcionario, un cargo político o directamente la ciudadanía, y, para ello, se precisará que la información sea abundante y esté contrastada, al igual que la capacidad de diferenciar los argumentos buenos de los malos o las pruebas científicas más exactas de las que lo son menos. 

 

Los centros de poder siempre serán objeto de presión, independientemente de los sujetos que lo ejerzan y considero que únicamente una regulación efectiva que ofrezca transparencia y garantías de control podrá ser satisfactoria, ya sea aplicable en Bruselas, en Copenhague o donde quiera que se encuentren.  

 

Enrique Fernández de Madaria

Graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Innsbruck

Máster en Estudios de la UE por la Universidad de Salamanca y Máster en Diplomacia y RRII por la Escuela Diplomática de España

Ha sido colaborador del MAEC en la REPER de España ante la OSCE y Analista de Políticas en la European Recycling Industries´ Confederation - EuRIC



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